Hago leyes porque me provoca

por Giuliana Caccia

Hago leyes porque me provoca. Ese parecería ser el móvil que impulsa a los promotores de la agenda de género en nuestro país cuando deciden presentar un proyecto de ley. Ha llamado la atención en estas dos últimas semanas la ofensiva nada sutil de ciertos sectores de nuestro espectro político para empujar distintas normas, proyectos, resoluciones ministeriales, entre otros, que implementen a como dé lugar esta ideología en distintas instituciones públicas. Por ejemplo, la Resolución ministerial 119-2021 del Minedu que aprueba el “Protocolo de implementación de programas de formación inicial y programas de formación en servicio a docentes con enfoque de igualdad de género de la Política nacional de igualdad de género”. O el predictamen de la Ley de identidad de género que se debatió el lunes 15 de marzo en la Comisión de mujer y familia del Congreso. O el “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral” a través de la Resolución jefatural 000062-2021-JN-ONPE. O el Proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, presentado por el congresista Yvan Quispe Apaza para ser debatido en el pleno. No olvidemos, también, la sentencia emitida por el Poder Judicial a favor de la eutanasia de la señora Ana Estrada que, a pesar de ser anticonstitucional, el Estado Peruano no ha apelado. O la Guía para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad comercial y en las relaciones de consumo del Indecopi, preparado por el Ministerio de la mujer. Todo esto, en menos de 30 días.

Sin duda, el escenario político es el ideal para que estas acciones avancen sin mayor traba. Mientras que la mayoría de peruanos están concentrados en cómo salvan sus vidas y las de sus seres queridos, los promotores del género tienen una Mesa directiva del Congreso alineada a esta agenda, un Poder Ejecutivo a cargo de un partido que se ha declarado abiertamente a favor del aborto y del género, una Presidente del Consejo de Ministros abiertamente feminista y aliada a ONG’s que viven de este negocio, como Manuela Ramos, un Poder Judicial que está liderado por una mujer que comulga con esta postura y un cuarto poder —los medios de comunicación— a quien no le conviene tocar el tema aunque la falta de oportunidad de quienes llevan adelante estas iniciativas en un contexto de pandemia sea evidente.

Además de lo antes mencionado, existen algunos otros puntos que llaman particularmente la atención cuando se analizan comparativamente los distintos documentos que se han venido presentando. El primero es la falta de correspondencia normativa con la legislación peruana vigente. Es decir, aprobar estas iniciativas contraviene el marco legal existente, llegándose incluso a atentar contra la misma Constitución como lo han señalado diversos expertos. Lo segundo es un peligroso énfasis en la vigilancia y la sanción a todo aquel que no quiera plegarse a estas imposiciones ideológicas. Lo tercero, y más grave, es el recurrente ataque a la patria potestad de los padres permitiendo que los menores de edad puedan tomar decisiones fundamentales en su vida, como el cambio de identidad de género en su DNI o, peor aún, someterse a un aborto, sin permiso de sus padres.

A nivel técnico, sorprende la falta de sustento estadístico para justificar la real necesidad de estas leyes. Por ejemplo, el predictamen de la Ley de identidad de género, en el punto 4.1 (Análisis técnico), reconoce que no existen datos oficiales sobre la realidad de la población trans en el Perú. Cito: “La información sobre la situación de las personas trans en el Perú es bastante limitada. Pese a que esta realidad es ampliamente conocida, el Estado peruano no presenta estadística oficial que desglose información con base en la identidad de género de la población que permita conocer la situación de vida de las personas trans”. La pregunta cae de madura: ¿cómo se atienden, entonces, las verdaderas necesidades de una población supuestamente vulnerable sino se conocen cuáles son? La respuesta que ellos mismos dan sobre este vacío son fundamentos subjetivos. Es más, en el siguiente párrafo, reinciden en la falta de datos objetivos citando como fuente a la “Primera encuesta virtual para personas LGBTI” del Instituto nacional de estadística e informática, pero apuntan que “debe tenerse en cuenta que estas cifras no necesariamente serían representativas de la población ‘trans nacional’, ya que el planeamiento de la encuesta no contó con un diseño muestral probabilístico”. Es decir, como suele suceder en toda ideología, el relato quiere predominar sobre el dato.

Otra incoherencia, entre las varias que se pueden encontrar en estos documentos, es su manera de aproximarse a aspectos científicos y biológicos. Estas miradas varían según sea la conveniencia en cada caso. Por ejemplo, en la página 63 del predictamen citado de la llamada Ley trans, el documento dice: “La Comisión de Mujer y Familia toma nota de que actualmente el sexo es conceptualizado como una construcción social. Bajo esta noción, la asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con base en la percepción que otras personas tienen sobres sus genitales”. A su vez, el Proyecto de Ley del aborto dice en la página 16 que “una diferencia relevante entre las personas humanas es el sexo. Esto significa que, respecto de las mujeres, la diferencia sexual se expresa en la capacidad de éstas de generar vida”. ¿Total? ¿Existe o no el sexo? ¿La diferencia entre los sexos es biológica, como dice el congresista Quispe, o construida socialmente, como dicen las congresistas de la Comisión de la mujer y familia? Otro ejemplo en esta línea, que ya roza con lo irracional, es lo que propone el congresista Quispe al pedir que se reconozca que “la vida humana comienza a partir de la decisión de la mujer de llevar a término su embarazo”.

Finalmente, tanta celeridad y productividad para sacar adelante una agenda como la del género contrasta descaradamente con la ineficiencia flagrante que se tiene para atender los aspectos realmente urgentes que están costando tantas vidas humanas en el Perú: la escacez de vacunas, camas UCI, oxígeno, entre otros. A esto hay que sumarle la incapacidad casi delictiva para que luego de un año no se haya podido importar las famosas tablets ni haber mejorado los contenidos a distancia para atender a los escolares de nuestro país en tiempos de COVID. Cuando se ve esta diferencia tan radical a la hora de atender las prioridades, es difícil no pensar que la voluntad política no está dirigida a atender la emergencia sanitaria sino que más bien está orientada a impulsar los intereses personales o de reducidos grupos que viven de sacar adelante precisamente estas agendas. Sería bueno recordarle al Presidente Francisco Sagasti, y a su Premier, que son un gobierno de transición que, como él mismo dijo al asumir el cargo, tiene como principales tareas enfrentar el Covid, reactivar la economía y realizar las elecciones. La tarea que le hemos encomendado los peruanos es esa. No es dejarle el campo libre a sus colegas ideológicos para que hagan las leyes que les provoca.

Giuliana Caccia (Lima 1975), Comunicadora social por la Universidad de Lima y Master en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, es Directora de la Asociación Origen – Vanguardia y cambio cultural.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *