Información en tiempos de coronavirus

La crisis sanitaria que vivimos viene creando un escenario que se presta para muchas conjeturas. Por ejemplo, conforme pasan los días, se escuchan cada vez más hipótesis que intentan explicar el origen del virus, analizando la actuación de gobiernos e instituciones transnacionales en el manejo de la pandemia. O se comparten diversas recomendaciones sobre cómo implementar las mejores prácticas para afrontar el aislamiento social obligatorio. Cualquiera sea el ángulo, lo cierto es que la información y su comunicación se va develando como un tema prioritario para poder enfrentar esta crisis.

Se sabe que para la toma de una decisión es fundamental estar informado. Una medida basada en datos insuficientes o, peor aún, equivocados, nos puede llevar exactamente a donde no queríamos llegar. Y esto se aplica a todos los niveles de toma de decisiones. Es más, toda buena decisión es fruto del ejercicio de la prudencia y éste no puede desarrollarse sin, precisamente, una información verdadera. Por ello es esencial que los que están a cargo de la toma de decisiones en representación de grupos de personas, que luego serán quienes reciban los efectos de éstas, cuenten con los datos de la realidad necesarios.

En la coyuntura sanitaria que vivimos, la cúspide de esta cadena la ocupa, evidentemente, el gobierno de un país. El líder a cargo debe dictar disposiciones basándose en información veraz y certificada. Y en este proceso, la elección de los especialistas y asesores es clave. No se pueden diseñar medidas de salud pública de manera eficiente si es que los que están a cargo de enfrentar la pandemia tienen alguna agenda o anteojeras ideológicas. Lamentablemente, se constatan signos preocupantes de instrumentalización de la crisis ocasionada por el coronavirus. Éste, para algunos, no es tanto un enemigo al cual combatir, sino que se ha convertido en una ocasión para impulsar acciones que no tienen como primer y último objetivo el bien común. Y para justificar estas acciones se criba la información selectivamente para que ésta justifique esos fines.

Un caso crítico, en este sentido, es el de la validez de las denominadas pruebas rápidas para la detección del virus. Muchas voces se han levantado para alertar sobre el falso positivo que estas pruebas pueden arrojar, así como sobre la ventana de tiempo en la que una persona, teniendo el virus, puede dar un resultado negativo en la prueba. En el Perú, hace pocos días, se dio un caso lamentable que saltó a las primeras planas pues se trataba de un excongresista de la República quien falleció luego de haber dado negativo en la prueba rápida y por esto se le negó atención médica a pesar del pedido insistente del paciente. Falleció a las pocas horas y luego se supo que estaba contagiado del Covid-19. El escenario es fácilmente imaginable: un contagiado, basado en la información de la prueba rápida (falsa en este caso) no puede acceder a atención médica porque ésta solo se da a los positivos. En este caso, el desenlace fue fatal. En otros, el asintomático seguirá su vida normal difundiendo el virus. Esta situación se agrava, volviendo al tema, cuando un gobierno sigue defendiendo la validez de la prueba y buena parte de la estrategia de contención del virus se basa en ella. Entonces, las preguntas caen de maduras: ¿Los líderes están bien informados? ¿Hay otros intereses en juego? ¿Prima la inercia de decisiones ya tomadas que no se quieren enmendar?


El segundo aspecto relacionado con la información es cómo se comunica. Lo deseable es que la transmisión sea veraz y que efectivamente refleje en la medida de lo posible lo que está sucediendo para que así todos podamos tomar las decisiones que nos competen de la mejor manera. En este aspecto, también encontramos indicios preocupantes. Un ejemplo es la manera que ha adoptado el gobierno español para relacionarse con la prensa. No pocos —y medios tan importantes como el ABC de España entre ellos— hablan abiertamente de una censura. Al estilo de la ejercida por una dictadura. Ojalá el mal ejemplo del gobierno español no se difunda a otras latitudes. ¿No deberían haber quedado atrás los días en los que en una democracia un “ente superior” decide qué se comunica y qué no, qué se puede preguntar y qué no, particularmente cuando de por medio está la salud y la vida de una nación? En una democracia, los ciudadanos tenemos derecho a que se nos informe de lo que sucede. Para ello es esencial la independencia de los medios de comunicación. Los que gobiernan, por su lado, tienen el deber de exponerse al escrutinio de la prensa, aun cuando sea de oposición. Muchas veces los medios cumplen la función de señalar los puntos ciegos que un gobierno puede no ver, y eso es muy saludable.

Finalmente, está la actuación de la mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie, frente a la información que recibimos. Hoy en día, y es una ventaja respecto de épocas anteriores, tenemos un acceso irrestricto a infinidad de fuentes de información. La dificultad, que en otros tiempos quizá radicaba en que había uno o dos medios de comunicación para informarse, hoy estriba en cómo discernir entre la marea de noticias, datos, opiniones, que nos llegan por radio, televisión, redes sociales, etc. No es una tarea simple. Se requiere de mucha (in)formación para tener la capacidad de filtrar, analizar y formarse una idea propia que incluya distintos ángulos y perspectivas sobre un mismo hecho.  Recae, pues, en cada uno la responsabilidad de formarse una opinión madura y enterada. Para ello, es importante desarrollar un sentido crítico frente a lo que se lee o escucha. No debemos olvidar las maquinarias informativas que, en otras épocas y contextos, difundieron una visión de la realidad servil a los intereses del gobierno de turno.

Efectivamente, todos tenemos derecho a estar bien informados, pero también tenemos el deber de informarnos bien.

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