Dignidad de la persona y asistencia espiritual en la coyuntura actual

por Gonzalo Flores

La pandemia y las medidas que los gobiernos vienen tomando a nivel mundial para contenerla, han trastocado radicalmente nuestra forma de vivir, y en algunos aspectos sus efectos vienen siendo traumáticos. La etapa en la que nos encontramos se mantendrá aproximadamente de 12 a 18 meses, tiempo que se calcula demoraría desarrollar una vacuna que nos permita inmunizarnos. Se escuchan voces que especulan que aún después de vacunarnos nuestra vida cambiará de manera definitiva, que no volveremos a la “normalidad” y que deberemos modificar nuestras costumbres. Tal vez sea prematuro afirmarlo, pues aún no contamos con suficiente información y comprensión de este fenómeno. Más bien es necesario enfocarnos en este periodo aproximado de un año o año y medio, que plantea enormes desafíos.

Las autoridades deberán actuar con mucha sabiduría en varios frentes: seguir potenciando el sistema sanitario y afinar las medidas de prevención para enfrentar con eficiencia esta enfermedad que está llevando a la muerte a miles de personas; dictar medidas que eviten que la economía colapse y lleve a la pobreza a millones de hogares; diseñar medidas y herramientas educativas que permitan que los escolares alcancen las metas pedagógicas; no descuidar la seguridad y la lucha contra la corrupción. Y podríamos seguir enunciando muchos temas más.

Armonizar todos estos rubros y evitar que los problemas se desborden es una tarea titánica que puede sobrepasar las fuerzas de las personas que gobiernan, más aún cuando en algunos países se arrastra un déficit de infraestructura y de tecnología sanitaria y educativa, así como falta de canales de abastecimiento de alimentos u otros. Verse superados por los problemas puede llevar a perder el norte y ceder a la tentación del autoritarismo, a buscar soluciones que miran el corto plazo o resultados efectistas, y, en suma, a dar medidas que fruto de la desesperación o de la poca reflexión terminen afectando directa o indirectamente derechos de los ciudadanos.

Un aspecto de este riesgo se apoya en que ante el radical cambio de sistema de vida provocado por la necesidad de minimizar los daños que provoca esta pandemia, y siendo legítimo limitar algunos derechos en un estado de emergencia, los gobiernos podrían dictar normas que regulen la vida en sociedad afectando derechos humanos, no garantizando su respeto ni el ejercicio de los mismos.

La clave para que las autoridades no lleguen a ese extremo es que tengan siempre presente que el fin supremo de la sociedad y del Estado es el respeto y defensa de la dignidad de la persona humana, como bien se señala en el primer artículo de la Constitución del Perú. Deben recordar que la dignidad es el valor inconmensurable que tiene toda persona por ser única e irrepetible, valor inviolable, no negociable y que está por encima del propio Estado. La defensa de la dignidad de la persona es la piedra angular de nuestro sistema social, político y jurídico y es el fundamento de los derechos fundamentales, que defienden todas las dimensiones que permiten el desarrollo integral de los ciudadanos.

Este mandato constitucional que tiene el Estado obliga a que en cualquier política que se establezca, el objetivo no puede ser perseguido a cualquier costo, sino que se deben diseñar directivas en las que subyace el interés por proteger esa dignidad. Este principio se aplica también a la pandemia ocasionada por el coronavirus y es garantía de que en este nuevo paradigma de vida social en que nos desenvolveremos por un espacio de tiempo medianamente largo, las medidas que se dicten permitan a las personas satisfacer sus dimensiones humanas esenciales y de esta forma coadyuven a su desarrollo integral.

Podría graficarse esta situación con distintos escenarios que se están presentando y que requerirían una debida atención, como es el caso de las personas vulnerables que están solas, o la situación de las familias que viven en espacios muy reducidos que requieren tener acceso esporádico a lugares más amplios, o las personas que necesitan de los servicios espirituales que brinda su comunidad religiosa, o las necesidades particulares que puedan tener las personas que tienen algún síndrome, o los cuadros de depresión y otros de orden psiquiátrico que surgen fruto del aislamiento social, etc. Pero quisiera detenerme en la atención espiritual que debe brindarse a las personas enfermas —sea por este virus o por cualquier otra causa—.

La vida espiritual es una de las dimensiones esenciales del ser humano. Un 84% de la población mundial dice pertenecer a alguna religión. Normalmente, pero de manera especial en el contexto en el que nos encontramos, los seres humanos encuentran en su fe un apoyo que los alimenta de esperanza y la asistencia religiosa les permite afrontar la enfermedad o el proceso final de su vida dándole un sentido a su dolor, reconciliándose con las personas con las que pudiera estar distanciadas, tener una mirada trascendente acorde con sus creencias más íntimas. Los cuidados que debe darse a una persona que está atravesando el padecimiento de un enfermedad o la posibilidad de morir, tienen como objetivo brindarle un trato acorde con su dignidad de persona, y en muchos países se recomienda que sea un equipo interdisciplinar el que lo lidere, incluyendo la intervención del ministro de culto de la religión que profesa el paciente y los miembros de la familia más cercanos, para garantizarle una atención no solo en su dimensión física sino también en la psicológica y la espiritual.

Tanto en el derecho internacional como en la mayoría de constituciones de los países occidentales se reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa, como un derecho subjetivo de la persona humana que tiene como parte integral el derecho de recibir asistencia religiosa cuando se encuentra en una situación limitante o vulnerable como es estar internado en un centro de salud, cumpliendo una condena o en un establecimiento militar. Son estas situaciones de fragilidad, donde está en riesgo la salud o se ve restringida la libertad, en las que el Estado tiene, para que ese derecho sea real y efectivo, el deber de adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa.

El derecho internacional establece que aún en estados de emergencia los Estados deben respetar los derechos individuales, y se debe evaluar hasta donde es legítimo restringirlos. Esta tarea de análisis nada sencilla en esta circunstancia, debe partir por el hecho de que si bien velar por la salud pública y tratar de cortar la cadena de contagios mediante el aislamiento social es muy importante, tiene como excepciones lo que se denomina actividades esenciales: los centros sanitarios, las farmacias, los lugares de expendio de alimentos, las entidades financieras etc. Estas actividades cubren todo aquello que es indispensable para que una persona cuente con aquello que le permite vivir dignamente.

Como hemos apreciado la asistencia religiosa es un medio esencial para las personas que se encuentran postradas en centros de salud, y tendría que estar incluida dentro de las excepciones por ser una actividad que vela por la dignidad humana. No tiene sustento que el Estado prohíba la asistencia de los ministros de culto o capellanes por considerar que ponen en riesgo su salud y pueden ser foco de contagio, olvidando que la tarea que realizan y el riesgo que ello conlleva es inherente a la naturaleza de su labor, a la misión pastoral que eligieron con plena libertad como es el caso también de los policías y los médicos. Por ello, el Estado debe brindar todas las facilidades para su ingreso en los centros de salud y proporcionar los equipos que sean necesarios para reducir el riesgo de contagio.

Para concluir es importante señalar también que la sociedad en general y las autoridades religiosas en particular deben colaborar activamente con el Estado en esta tarea. En esta circunstancia tan grave, en la que está en juego la vida de muchas personas, la colaboración debe darse con propuestas que permitan al Estado perfeccionar sus medidas y de esta forma queden protegidos de la mejor forma los derechos humanos.

Gonzalo Flores (Lima, 1965), abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

6 Comments

  1. Excelente ángulo, muy poco discutido y menos aun, considerado. Urge que ello sea resuelto en los términos que han sido presentados en este artículo.

  2. Excelente artículo ! Es una lástima que tantas personas fallezcan sin el consuelo de haberse reconciliado con Dios o sin permitirle recibir la asistencia religiosa de manera oportuna.

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